El pasado 12 de marzo se publicó el Real Decreto-ley 05/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Este nuevo fondo será gestionado por las comunidades autónomas, y controlado por la Agencia Tributaria. No podrán solicitarse las ayudas hasta que las respectivas Comunidades Autónomas regulen los procedimientos de solicitud. Estas ayudas tardarán en llegar al menos mes y medio. El Gobierno se ha «autoimpuesto» el plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden oficial de reparto, y, a partir de entonces, ya será cuestión de la rapidez que se den las comunidades autónomas en canalizarlas.

El destino de los 11.000 millones de euros de fondos de ayuda a empresas viables, se reparten de la siguiente manera:

 

1) Nueva línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas:

– dotación total de 7.000 millones de euros — esta línea constará de dos vertientes, uno de 5.000 millones, que se destinará al conjunto de comunidades autónomas de la península y Ceuta y Melilla, y otros  2.000 millones de euros para las Islas Baleares y Canarias—.

– los destinatarios serán aquéllas empresas y autónomos cuya actividad se ha visto más afectada negativamente por la pandemia.

– las ayudas directas recibidas por los autónomos y empresas considerados elegibles deberán aplicarse a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

– serán concedidas por las comunidades autónomas con el control de la Hacienda Pública.

Sólo podrán ser destinatarios elegibles de estas ayudas:

  • Los empresarios o profesionales y entidades que desarrollen actividades con CNAE recogido en el Anexo I.
  • Que el volumen de operaciones anual declarado en el ejercicio 2020, haya caído al menos un 30% con respecto a 2019.
  • Que, en el ejercicio 2019, la actividad no declarase pérdidas a efectos fiscales, bien en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, bien en el Impuesto sobre Sociedades.

Importe de las ayudas:

I. 3.000 euros para empresarios y profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva;

II. El 40% de la caída del volumen de operaciones, en el año 2020 respecto del año 2019, que supere dicho 30%, para empresarios y profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el IRPF, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados;

III. El 20% de la caída del volumen de operaciones, en el año 2020 respecto del año 2019, que supere dicho 30%, para entidades, empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados;

Para los supuestos (II y III) anteriores, el importe de la subvención no podrá ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.

 

2) Refinanciación y reestructuración de balances:

 – línea dotada con 3.000 millones de euros 

Podrán ser destinatarios elegibles de estas ayudas:

  • Empresas y autónomos que hayan suscrito operaciones de financiación que cuenten con aval público —tanto de entidades de crédito supervisada por el Banco de España como por CERSA— y haber solicitado previamente a las entidades financieras y estas a ver comunicado la formalización a ICO las medidas de ampliación de plazos y carencias, recogidas en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

Condiciones de las ayudas: 

  • Extensión de los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación que han recibido aval público. El plazo de vencimiento de los avales otorgados por la Administración General del Estado o por cuenta del Estado podrá extenderse por un periodo adicional, en los términos que se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros, de tal manera que éstas extenderán el plazo de vencimiento de las operaciones avaladas por el mismo plazo de extensión del vencimiento del aval correspondiente.
  • Transferencias a la empresas y autónomos —que cumplan el Código de buenas prácticas— con la finalidad exclusiva de reducir principal. Estas transferencias por parte del Estado se producirán dentro de los acuerdos de renegociación de deudas que alcancen los deudores y las entidades financieras acreedoras, que a su vez asumirán las reducciones del principal pendiente del préstamo que les correspondan en los términos que se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

 

3) Recapitalización de empresas:

 dotado con 1.000 millones de euros, destinado a fortalecer la solvencia de empresas no cubiertas por el fondo ya gestionado por SEPI.

– para empresas y operaciones de mayor tamaño (empresas medianas) y necesiten un refuerzo adicional, se crea un nuevo Fondo de recapitalización que será gestionado por COFIDES (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyos criterios básicos de elegibilidad se determinarán por Acuerdo de Consejo de Ministros.

– en ningún caso en Fondo apoyará financieramente a empresas que con anterioridad a la crisis de la COVID-19 tuvieran problemas de viabilidad o a aquellas que se consideren inviables a futuro.

 

***Condiciones de estas ayudas***

De acuerdo con la disposición adicional cuarta, la recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.

Desde el punto de vista fiscal –además de la medida comentada anteriormente respecto al Fondo de recapitulación gestionado por COFIDES–, destacamos los siguientes puntos:

  • La disposición derogatoria única deroga el artículo 8 del Real Decreto-ley 35/2020 que regulaba el aplazamiento especial por seis meses, para pymes, de las deudas tributarias por declaraciones y autoliquidaciones con plazo de presentación en el próximo mes de abril y, por la disposición adicional 3ª, lo vuelve a regular de idéntica forma, pero ampliando, de tres a cuatro meses, el plazo durante el que no se devengan intereses de demora.
  • Por la disposición final 1ª, se declaran exentas de AJD las escrituras que documenten las operaciones de extensión de los plazos de financiación con aval público previstas en el artículo 7 de esta norma cuando exista garantía real inscribible.

Aplazamiento de deudas tributarias

En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive.

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea una persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

  1. a) El plazo será de seis meses.
  2. b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses.

 

 

MEDIDAS EN MATERIA CONCURSAL

Además, también se ha aprobado una nueva prórroga de la moratoria concursal vigente desde marzo de 2020 hasta finales de 2021. Específicamente:

  • Se amplía hasta 31 de diciembre de 2021 la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores. (Modificación del art. 6 L 3/20, de 18 de septiembre)
  • Se aclara que el plazo de dos meses del que dispone el deudor para solicitar la declaración de concurso voluntario debe computarse a partir de la fecha de finalización del período de suspensión del citado deber.
  • Se adoptan una serie de medidas tendentes a facilitar y fomentar que las empresas, profesionales y autónomos que se encuentren en dificultades para cumplir con un convenio, un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación homologado, puedan presentar una modificación del mismo. (Modificación arts. 3y 5 L 3/20, de 18 de septiembre)
  • Se aplaza el deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a su aprobación, siempre que el deudor presente una propuesta de modificación del convenio y ésta se admita a trámite en plazo.(Modificación art. 4.1 L 3/20, de 18 de septiembre)
  • Se facilita la modificación del convenio, del acuerdo extrajudicial de pagos o del acuerdo de refinanciación homologado.
  • Se incide en la posibilidad (aunque ya estaba vigente para todos aquellos acuerdos homologados hasta el 14 de marzo de 2021) de renegociar los acuerdos de refinanciación sin necesidad de que haya transcurrido un año desde su homologación.
  • Se prevé la inadmisión a trámite, y se da un plazo para la renegociación de un nuevo acuerdo o convenio en caso de que un acreedor presente una solicitud de declaración de incumplimiento de acuerdo de refinanciación, de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos. Este régimen, que se encontraba vigente para las solicitudes de incumplimiento presentadas hasta 31 de enero de 2021, se aplica para nuevas empresas, profesionales y autónomos, desde esa fecha y hasta el 30 de septiembre de 2021.
  • Se establecen una serie de normas de agilización del proceso concursal, como la tramitación preferente de determinadas actuaciones tendentes a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la continuidad de la empresa y a conservar el valor de bienes y derechos, así como la simplificación de determinados actos e incidentes como las subastas de bienes, para facilitar el funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil y de Primera Instancia.
  • Se flexibilizan los incidentes de reintegración de la masa activa para facilitar el cierre de la fase común y se modifica el modo de enajenación de la masa activa en la fase de liquidación, con el objetivo, en ambos casos, de evitar que los bienes pierdan su valor por el retraso en la tramitación del concurso y de agilizar la satisfacción de sus créditos a los acreedores, evitando, en la medida de lo posible, insolvencias derivadas.

Finalmente, Mediante la Disposición Final Quinta, se modifica la letra j) del apartado 2 de la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, con la finalidad de mantener el privilegio especial en caso de concurso del emisor del que tradicionalmente eran beneficiarios los tenedores de cédulas y bonos de internacionalización.

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