El decreto solo será de aplicación para los nuevos contratos que se suscriban a partir del 06/03/2019, no obstante, los contratos anteriores a esta fecha podrán adaptarse al régimen jurídico si lo acuerdan las partes.

Este  real decreto se rige por los siguientes términos:

  • Se amplía duración del contrato de tres a cinco años.
  • Establece límites para las fianzas (un máximo de dos mensualidades adicionales a la fianza).
  • También recoge la ampliación de la prórroga tácita de uno a tres años
  • Como novedad la ampliación del plazo de preaviso, por el que se establecen cuatro meses para el arrendador y dos meses para el arrendatario.
  • En caso de vender la vivienda alquilada el comprador deberá respetar el contrato de alquiler, esté o no inscrito en el registro.
  • Toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso sólo operará como techo.
  • Se elimina la obligación de que el inquilino repercuta el IBI en el caso de las viviendas sociales, y ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de dar a las viviendas en alquiler de renta limitada una bonificación del 95% de la cuota íntegra del IBI.
  • Durante los cinco años de prórroga obligatoria, el arrendador sólo podrá recuperar la vivienda para sí o su familia si lo incluye de forma expresa en el contrato en el momento de la firma.
  • Establece una excepción para pactar la renuncia a la subrogación en los contratos de arrendamientos de larga duración. En caso de fallecimiento del arrendatario, en situaciones de vulnerabilidad, se puede mantener la vivienda arrendada por el familiar con el que estuviese conviviendo.
  • Se implementará un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal.
  • Se permitirá al arrendatario acudir al procedimiento de juicio verbal en caso de reclamaciones de cantidad que sean inferiores o iguales a 6.000 euros. Asimismo, los procedimientos de desahucio se notificarán mediante un informe. Una vez que el informe sea recibido en el juzgado, y en casos de familias con menor capacidad económica, vulnerabilidad o con mayores cargas familiares, se paralizará el procedimiento durante un mes (3 si es una empresa). Por otro lado, clarifica la obligatoriedad de señalar el día y la hora del desahucio, con lo que se acabará con los lanzamientos con fecha abierta.
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización deberá asumirlos el arrendador si es persona jurídica.
  • Ampliación de la dotación del fondo de reserva hasta un 10%, frente al 5% actual. El real decreto también muestra la obligatoriedad de las obras de accesibilidad cuando estén financiadas en un 75% por ayudas.
  • Limitaciones al alquiler turístico en comunidades de propietarios. A través de un acuerdo de una mayoría de tres quintas partes de las comunidades de vecinos pueden limitar los pisos vacacionales.

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