MEDIDAS TRIBUTARIAS DERIVADAS DEL COVID-19

A continuación, informamos acerca de las medidas que se están adoptando en materia fiscal en relación al COVID-19, conocido como Coronavirus, la cual se va actualizando conforme se vayan publicando nuevas disposiciones.

  1. Modificación en plazos tributarios

a) Plazos no concluidos en fecha 18 de marzo, se amplían a 30 de abril de 2020

Respecto a los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria (caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario y caso de pago de deuda tributaria una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio), los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido en fecha 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde 18 de marzo de 2020 hasta el día 30 de abril de 2020.

b) Plazos que se comuniquen a partir de 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación

Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria (antes mencionados), los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación. Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. Esto se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas por la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos.

c) Efectos en la duración máxima de los procedimientos

El periodo comprendido desde el 18 de marzo hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ahora bien, durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

Este período no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad. A los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción previstos en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.

Plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos que se produzca interrupción de la prescripción, si esta última se hubiera ocasionado con posterioridad a aquel momento.

Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. Si el obligado tributario tuviera, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite.

El período comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

 

  1. Ampliación de las atribuciones de competencias para el despacho aduanero.

El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá acordar que el procedimiento de declaración y el despacho aduanero, sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.

En todo caso se tiene que entender que este real decreto-ley ha entrado en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esto es, el 18 de marzo de 2020.

Se ha aprobado el RD Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Se permite el aplazamiento/fraccionamiento de deudas tributarias en virtud de lo previsto en el art. 14 de la citada disposición normativa para PYMES y autónomos:

– Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020.

– Este aplazamiento será aplicable también a las deudas tributarias a las que hacen referencia las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

– Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

  1. El plazo será de seis meses.
  2. No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. Por otro lado, desde la AEAT se ha informado de que los plazos en los procedimientos tributarios van a ser ampliados mediante un cambio normativo inminente:

 

OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS Y SOCIALES:

– Concesión de suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario para las consecuencias del COVID-19.

– Garantía de suministro de agua y energías a consumidores vulnerables.

– Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual para aquellos que padecen extraordinarias dificultades para atender al pago debido al COVID-19, cumpliendo ciertos requisitos que se recogen en los artículos 9 a 16 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo.

– Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración de estado de alarma ocasionada por el COVID-19.

– Garantía en el establecimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha; suspensión de la portabilidad e interrupción del plazo para la devolución de productos durante la vigencia del estado de alarma.

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